Las organizaciones empresariales, en el seno de la CEOE, acabamos de publicar dos Informes en los que analizamos la evolución del personal del sector público y su coste en las diferentes Administraciones Públicas, así como el proceso de traspaso de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas.

Estos informes llevan por título “Debate de la eficiencia del sector público: una contribución en el ámbito del número y coste de personal” y “El traspaso de competencias en el sector público”, y están disponibles en nuestra página Web.

Precisamente, la eficiencia de la Administración pública ha adquirido un especial interés en los últimos meses, y la elaboración de estos informes nos permite a las organizaciones empresariales disponer de cifras contrastadas y argumentos sólidos con los que poder participar, de una manera activa y constructiva, en el debate, que actualmente viene suscitándose, sobre la necesaria racionalización y reestructuración de la Administracion pública.

Estos estudios aportan reflexiones de profundo interés, y entre otros aspectos, alcanzan algunas conclusiones que considero relevante destacar en unas breves líneas.

El número de empleados públicos en el conjunto del Estado alcanzó los 2,7 millones de ocupados durante 2010, lo que supone un empleo público por cada cinco del sector privado.

Esta cifra se ha obtenido atendiendo a los datos administrativos que publica el Boletín del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, aunque el dato podría resultar incluso mayor si atendemos a las estimaciones sobre empleo público que proporciona la EPA que eleva la cifra total hasta los 3,13 millones de ocupados en el sector público.

A partir de estos estudios, podemos afirmar que el crecimiento de la Administración pública durante los últimos años se ha basado en una mayor intensificación del factor trabajo, en detrimento de posibles mejoras que podrían haber derivado de un crecimiento basado en la adopción de nuevos procesos y avances tecnológicos en el ámbito del sector público.

Y hemos observado, además, que el empleo público se ha más que duplicado en los últimos 30 años, mientras que el empleo en el sector privado se ha incrementado, en este mismo periodo, en un 50 por ciento.

Incluso, durante el periodo de crisis más reciente, entre 2008 y 2010, y mientras el empleo en el sector privado se reducía en un 12,1%, el empleo público ha aumentado en un 7,4 por ciento.

La presentación de estos informes, nos ha permitido contrastar que la remuneración de los asalariados en las Administraciones públicas no ha dejado de crecer en los últimos diez años, con la excepción del ajuste fiscal emprendido durante 2010.

A este respecto, podríamos destacar, de entre los principales resultados a los que hemos llegado en nuestros estudios, que la remuneración de los asalariados en el ámbito público aumentó a una tasa media del 8,0% entre 2002 y 2009, casi el doble de lo que lo hizo el sector privado donde se registró un avance del 4,3% de media.

Además, el incremento del empleo público de nuestro país ha superado el aumento de la población, y el incremento en la remuneración ha sido superior al aumento de la inflación, e incluso superior al crecimiento que ha registrado la remuneración del sector público en el conjunto de la Unión  Europea.

Según los datos que hemos analizado, las mayores desviaciones al alza se atribuyen a aquellos organismos, entes o empresas públicas que no están sometidas a la moderación salarial que se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El segundo informe que les presento, entra a estudiar en detalle el proceso de traspaso de competencias del Estado a las Comunidades autónomas pues, en principio, podría ser uno de los factores que explicaran el incremento del empleo público en las entidades regionales.

Sobre este particular, quizás lo más interesante del estudio podría ser que este factor no justifica plenamente el crecimiento que ha experimentado el empleo público en las CCAA durante los últimos años, pues en este periodo, el empleo del sector público ha continuado creciendo a pesar de que el volumen de traspaso de competencias se ha moderado sustancialmente.

Finalmente, el informe que hemos elaborado considera que el modelo de gestión de esas competencias que aplican las Comunidades Autónomas, y en especial la colaboración que éstas mantienen con el sector privado, a través de la suscripción de conciertos con empresas privadas, permite incluso un ahorro en las cuentas de gasto público en aquellas Comunidades.

JOSÉ CRISTÓBAL GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO GENERAL