El Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias es un régimen propio y específico, cuyos principios básicos están reconocidos y garantizados con rango de Ley tanto por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Canarias, como por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, con los que se pretende dar respuesta a los sobrecostes que impone nuestra condición de región ultraperiférica en la Unión Europea.

Se trata, por tanto, de un régimen diferenciado que recoge un conjunto de medidas compensatorias encaminadas a potenciar y posibilitar la cohesión económica, social y territorial de las Islas, además de contribuir a incrementar la competitividad de sus sectores estratégicos y la creación de empleo, ayudando, de este modo, a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro Archipiélago y configurándose como una de las herramientas imprescindibles para lograr la consecución de los ODS en nuestro territorio.

No en vano, entre sus contenidos principales se recogen aspectos de muy diversa índole que tienen incidencia directa en el quehacer diario de las familias y las empresas canarias, como pueden ser el precio del agua, el coste del pasaje del avión o del barco para facilitar los transportes de pasajeros y mercancías, lo que se paga por los servicios telemáticos o por la electricidad en los hogares y en las empresas, el coste de la educación y un largo etcétera de servicios públicos fundamentales.

Del mismo modo, gracias al REF contamos con medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, habida cuenta de las altas tasas de desempleo que sufre históricamente las Islas, de impulso a la internacionalización de la economía y de las empresas, de gestión y reciclaje de los residuos y para el autoconsumo energético y el fomento de las energías renovables, un tratamiento diferencial en favor del sector primario y en materia de empleo y de Formación Profesional, planes específicos para el turismo y las universidades, además de una serie de incentivos para inversiones que sean fuente de riqueza para Canarias.

Todos estos preceptos afectan, en mayor o menor medida, a la práctica totalidad de los ODS, aunque podríamos destacar especialmente el 1 (erradicar la pobreza), el 2 (nutrición y agricultura sostenible), el 4 (educación de calidad) el 6 (garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua), el 7 (energía asequible y sostenible), el 8 (promover el crecimiento económico y el empleo), el 9 (fomentar la industrialización sostenible y la innovación) o el 12 (consumo y producción responsable).

Se debe recordar, además, que todas estas medidas son de obligado cumplimiento por parte de los poderes públicos, debiéndose modular a tal fin la actuación estatal en sus políticas económicas y fiscales, con el objetivo de que los ciudadanos y las empresas de las Islas puedan operar en igualdad de condiciones a las de resto de España y de la UE, pese a las consabidas limitaciones estructurales que confrontamos en nuestro día a día.

Tras la publicación el 6 de noviembre de 2018, de la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, del REF se lograron importantes hitos en este sentido, si bien faltaron mejorar algunos aspectos que desde la CCE hemos reclamado en variadas ocasiones para dotar de una mayor seguridad jurídica y estabilidad a la amplia gama de instrumentos e incentivos con que cuenta, especialmente en su vertiente fiscal.

Nuestro REF todavía adolece de una serie de deficiencias que perjudican la aplicación efectiva de sus principios, debido a la existencia de rigideces, problemas interpretativos o una burocracia excesiva y que vienen a dificultar el cumplimiento de sus fines.

A ello se han sumado, más recientemente, los graves efectos del COVID-19 sobre la actividad económica y el empleo, para los que nuestra institución también planteó una serie de modificaciones en la normativa básica estatal para adaptar los diferentes instrumentos del REF a las actuales y excepcionales circunstancias adversas.

Como respuesta a esta crisis que ha generado la pandemia, las únicas modificaciones que ha experimentado el REF se han limitado a la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2021 de la autorización de la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la ZEC y para la materialización de RIC con cargo a dotaciones de 2016 e inversiones anticipadas de 2017.

No obstante, sigue siendo necesario también elevar los límites de ayuda de estado regionales al funcionamiento, flexibilizar temporalmente los requisitos vinculados al mantenimiento de los bienes afectos a la RIC o a la DIC en el caso de ceses de actividad por efecto del COVID-19, así como las reglas de cómputo de la plantilla media total y los plazos de mantenimiento para la creación de empleo en periodos de COVID-19.

Si Canarias quiere apostar por el futuro, el impulso de los ODS debe ser el marco de referencia que promueva todas las actuaciones públicas y privadas en el ámbito económico, social y medioambiental. Con este fin, el REF resulta un instrumento clave para su cumplimiento, pues no solo reconoce nuestras singularidades socioeconómicas y trata de compensarlas, sino que, de su aplicación efectiva, puede erigirse como una herramienta que nos ayude a salir de la crisis económica provocada por el COVID-19, de una manera más sostenible y cohesionada.

Pero, para ello, se hace imprescindible contar con un marco tributario dotado de seguridad jurídica para todos los contribuyentes y que ofrezca un grado de certeza razonable a los operadores económicos de los incentivos a su alcance y que redundan en el beneficio de todos, especialmente en los difíciles tiempos que estamos viviendo, con elevadas y persistentes incertidumbres sanitarias y económicas.