En un momento singularmente adverso para Canarias por su mayor sensibilidad a los efectos de la pandemia sobre la actividad y el empleo, los Fondos Europeos de Reconstrucción se erigen como una oportunidad única ya no solo para reparar lo antes posible los graves daños ocasionados por el COVID-19 sobre nuestro tejido económico y social, sino también para acelerar la transición de nuestra economía hacia una más productiva, competitiva y resiliente; y por tanto, más sostenible en el largo plazo.

El Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU) ha sido dotado con 750.000 millones de euros destinados a afrontar los retos sanitarios, económicos, sociales y medioambientales derivados de la crisis, y se suma al histórico paquete de fondos acordado por la UE que suponen, en conjunto, más de 1.800 millones de euros para reactivar la economía. Su implementación deberá realizarse en los próximos seis años, si bien con una mayor intensidad en los tres primeros y centrada en su mayor parte en garantizar que la recuperación se base en una estrategia a largo plazo con la digitalización y la transición ecológica como principales caballos de batalla. 

En lo que atañe a España, la hoja de ruta para tratar de captar estos fondos ha sido configurada dentro del Plan Nacional de recuperación, transformación y resiliencia, presentado a comienzos de octubre y con el que se prevé licitar y ejecutar entre 2021 y 2023, los 72.000 millones de euros en transferencias asignadas a nuestro país para inversiones.

De cara a 2021, el Proyecto de Ley de los PGE contempla la ejecución de 26.634 millones de euros, lo que sin duda exigirá una importante labor de selección y diseño de una gran cantidad de proyectos en un tiempo récord, y para los que se necesitará también establecer para cada uno de ellos una serie de hitos intermedios, definiendo bien objetivos, costes y beneficios, como ha pedido la Comisión Europea que se haga en su última versión del Plan.

Los proyectos tractores de inversión que se van a poner en marcha en próximas fechas van a jugar sin lugar a duda un papel clave para el futuro de las Islas. Sin embargo, para maximizar su impacto y aprovechar bien el uso de un volumen tan significativo de recursos, será necesario consensuar una ambiciosa estrategia de Estado que sirva para acometer las reformas estructurales todavía pendientes, que se trabaje para solucionar los problemas de coordinación entre el Gobierno central, las CCAA y los Ayuntamientos, y que se agilicen los procedimientos para que estos fondos puedan llegar lo más rápidamente posible y de manera eficiente a la economía real.

España en general, y Canarias en particular, tienen ante sí el enorme reto de saber jugar bien sus cartas para absorber estos fondos dentro de un proceso competitivo en el que será de vital importancia saber aprovechar las potencialidades únicas con que cuenta nuestro territorio en áreas como la Economía Azul o la Economía Verde, pero también en el campo de la innovación y la digitalización, llamadas todas ellas a ser las nuevas palancas para modernizar nuestro modelo económico y social.

Parece oportuno dirigir, por tanto, buena parte de nuestros esfuerzos hacia estos campos para impulsar la consecución de un desarrollo que sea sostenible en lo económico, lo social y lo medioambiental, alineado con los principios promulgados por la ONU en su Agenda 2030 y que han sido asumidos como propios por la Comisión Europea. Pero, para ello, será esencial propiciar una total colaboración entre el Gobierno y las organizaciones empresariales, avanzando juntos en la búsqueda de nuevas propuestas valiéndonos de herramientas como el diálogo social y de la mano de un Comité de expertos con experiencia y solvencia demostrada en la consecución de los objetivos que nos hemos marcado.

Debemos ser capaces de generar y diseñar proyectos idóneos y alineados con los requisitos que nos demanda Europa, conjugando recursos como las colaboraciones público-privadas, por su elevada capacidad para incorporar la experiencia y el conocimiento del sector empresarial en el cumplimiento de estos hitos en términos de eficiencia operativa y de reducción de costes, así como configurando un marco fiscal adecuado que contribuya al aprovechamiento de los fondos para todas las empresas, sin distinción de tamaño y/o actividad; y que no lo desincentive.

Son estas unas ayudas, además, de las que se podrán beneficiar todos los sectores en mayor o menor medida, pues actividades de elevada capacidad productiva e intensivas en creación de empleo, como son el turismo, el comercio o la hostelería -las más afectadas por la pandemia-, podrán también beneficiarse de estas importantes inyecciones de capital a través de inversiones que conlleven la optimización y mejora de sus procesos industriales, apostando por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.

En definitiva, nos encontramos ante una gran oportunidad para Canarias, no exenta de desafíos, en la que devendrá fundamental trabajar de manera conjunta para que logremos aprovechar de la mejor manera posible el impacto de estos fondos. Ello nos permitirá progresar en materia de transformación digital, sostenibilidad y cohesión social en las Islas, generando proyectos palanca que permitan modernizar nuestra economía, bajo el lema de no dejar a nadie atrás, con el objetivo de conseguir que la sociedad canaria en su conjunto salga más robusta, innovadora y resiliente de esta crisis global.