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La economía internacional se enfrenta a un desafío común para la mayor parte de los países, sobre todo los más afectados por el COVID-19.

Con grandes partidas de recursos dedicados a financiar la lucha en el terreno sanitario, lo que resulta básico, en la otra parte del tablero se encara la necesidad de medir y, sobre todo, aplicar aquellas estrategias que sirvan de soporte vital al tejido productivo y al empleo de los países, ya no solo para mantenerlo vivo durante la vigencia de las medidas de confinamiento adoptadas en la mayoría de los lugares afectados, sino para garantizar, en la medida de lo posible, una buena base que permita una pronta recuperación de la actividad económica cuando se disipe la emergencia sanitaria.

En esta línea, el FMI ha estimado que la economía mundial registrará una caída del 3,0% en 2020, si bien, prevé, como escenario más favorable, que si la pandemia logra superarse en la segunda mitad del ejercicio y se va recuperando gradualmente el nivel de actividad, el PIB mundial retomaría la senda positiva, observando un rebote del 5,8% en 2021.

Por su parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha estimado que el comercio mundial se reducirá entre un 13% y un 32% durante 2020, dependiendo de la intensidad y la duración de la crisis sanitaria.

Por otro lado, el mercado de materias primas permanece inmerso en un mar de incertidumbre, debido al parón de la actividad y a la caída de los precios, especialmente en lo referente al petróleo. En este último caso, el reciente acuerdo entre los principales productores internacionales de crudo para reducir la producción diaria en 9,7 millones de barriles debería situar los precios en un rango de mayor estabilidad, tras continuar su desplome durante los primeros días de abril, en los que la cotización del Brent llegó a situarse en valores cercanos a los 11 dólares por unidad.

Esto debería afectar de forma positiva a los mercados financieros, que tras haber descrito una tendencia errática, con numerosos altibajos derivados de la alta volatilidad que ha impuesto el panorama actual, se prevé que se estabilicen en cierta medida, debido a las medidas de contención del coronavirus anunciadas en numerosos países, tanto de carácter monetario como fiscal, y es que tras los instrumentos anunciados en primera instancia por las principales autoridades monetarias, las medidas fiscales han tomado el testigo en la mayoría de las economías, especialmente en las avanzadas, anunciando medidas de estímulo y de liquidez con las que se pretende contener la demanda a corto y medio plazo.

En este sentido, en Estados Unidos se aprobó la aplicación de un paquete económico sin precedentes, que podría situarse sobre los 2 billones de dólares, que abarcaría desde préstamos, avales y subsidios a empresas, hasta pagos directos a los ciudadanos, entre otras medidas para reforzar el sistema sanitario y la cobertura del seguro por desempleo, en un contexto en el que las solicitudes en esta materia se han situado en máximos históricos, debido a la destrucción masiva de empleo.

En el caso de China, la reacción del Gobierno ha sido más moderada, reduciendo las cotizaciones a cargo de las empresas y la tributación sobre el consumo, aminorando las tarifas eléctricas, además de conceder subsidios a las empresas para fomentar al mantenimiento del empleo.

En lo que concierne a la Zona del Euro, el Eurogrupo finalmente alcanzó un acuerdo sobre las medidas para hacer frente a los efectos del COVID-19 que supondrá la movilización de unos 500.000 millones de euros.

En primer lugar, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) dará acceso a 200.000 millones de euros, sin condiciones, como solicitaban España e Italia, siempre que los fondos sean destinados a la lucha contra la pandemia. En segundo lugar, otra partida de 200.000 millones de euros irá a cargo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y se dedicará a dar apoyo a grandes empresas y pymes. Por último, se aprobó la propuesta de la Comisión Europea sobre el Instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE), que supondrá una ayuda financiera por valor de 100.000 millones de euros, en forma de préstamos a los Estados miembros en condiciones favorables para sufragar los costes directamente relacionados con la creación o la ampliación de los regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo (como es el caso de los ERTES), y que quedará suspendido una vez sea superada la emergencia sanitaria.

En cambio, no se han logrado avances en el objetivo de la mutualización de la deuda pública asumida por los Estados para luchar contra el coronavirus a través de la emisión de bonos, y aunque sí se indicó que se trabajará en la creación de un fondo de recuperación que refuerce la reactivación de la economía, todavía no se conocen ni los mecanismos, ni los instrumentos financieros que podrán ser utilizados, únicamente ha trascendido que será temporal, específico y limitado.

Por lo que respecta a España, se está demorando la puesta en funcionamiento de algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a la emergencia sanitaria, aunque recientemente se ha activado el segundo tramo de 20.000 millones de euros de la línea de avales anunciada por el Ejecutivo, con lo que ya se habrían puesto a disposición de las empresas, pymes y autónomos ayudas por valor de 40.000 millones de euros.

La paralización de la actividad económica tendrá consecuencias para nuestro país, y supondrá un shock para el crecimiento económico, tal y como sugiere la previsión del FMI, que estima que la economía española entrará en recesión, con una notable caída del PIB del 8,0% al cierre del presente ejercicio, aunque podría volver a valores positivos en 2021, con un alza del 4,3%, si las condiciones de recuperación son las más favorables.

En esta misma línea, CEOE también prevé un decrecimiento de la economía española que podría situarse en un intervalo de entre un 5% y un 9%, en función de si el escenario resulta más favorable, con una recuperación relativamente rápida y minimizando la intensidad de la caída de la actividad; o si, en cambio, el contexto resulta más adverso, y finalmente se produce un parón más profundo de la actividad económica y la reactivación resulta más lenta.

De cualquier forma, según estima CEOE, la gran cantidad de medidas para paliar los efectos del coronavirus podría elevar el gasto público en más de 25.000 millones de euros, al tiempo que los ingresos del Estado se reducirían entre un 8% y un 15%, dado el fuerte descenso de la actividad, con lo que el déficit podría alcanzar el 7,5% del PIB y superar incluso los 100.000 millones de euros durante este año.

En el mercado laboral, tal y como resultaba previsible, los datos de afiliación a último día del mes de marzo ya recogen el fuerte impacto del COVID-19, y corrigen las cifras medias publicadas a principios de abril, situando la pérdida de empleo en 833.979 efectivos con respecto al mes anterior (-4,3%), la mayor caída de la serie histórica; al tiempo que el paro registrado apreció un aumento de 302.265 personas (+9,31%).

Los efectos de la pandemia están siendo más acusados en Canarias, dada la importancia que representan actividades como el turismo en nuestra economía, que, además, se han visto especialmente mermadas por las restricciones que se han aplicado a la actividad productiva, en respuesta a la emergencia sanitaria.

Sin ninguna duda, estas limitaciones decretadas están teniendo efectos profundos sobre nuestro tejido productivo, tal como muestra la caída del 60,7% mensual en la entrada de turistas desde el extranjero en marzo, o la caída del 57,1% que acusó la matriculación de vehículos.

En este sentido, el Gobierno de Canarias ha estimado, en el peor de los escenarios, que el PIB del Archipiélago podría experimentar una caída histórica del 23%, si el sector turístico permanece “cerrado” hasta el mes de septiembre y comienza a iniciarse la actividad durante octubre. Asimismo, también prevén un escenario más favorable en el que la actividad turística arrancaría parcialmente desde el mes de julio, atendiendo viajeros locales, aumentando gradualmente las operaciones a partir de octubre, conforme las condiciones sanitarias se normalicen y se recupere la conectividad aérea. Aún en este escenario, la caída prevista en PIB seguiría siendo elevada y se situaría en torno a un 20% en 2020.

Las especiales características de Canarias como región ultraperiférica alejada del continente que, aún en fases favorables del ciclo económico, siempre condicionan nuestra economía, en momentos como los actuales añaden aún más barreras a la recuperación de nuestra región, por lo que debe reclamarse medidas diferenciadas que contemplen la situación específica de Canarias, y tengan una especial sensibilidad con el sector turístico en las Islas, dado que se trata de uno de los principales motores de nuestra economía.

En términos de empleo, el Archipiélago cerró el mes de marzo con un descenso de 53.511 afiliados a la Seguridad Social, una caída relativa del 6,5% mensual, por encima de la media nacional cifrada en un 4,3 por ciento.

La caída del empleo se concentró, sobre todo en la “Hostelería”, en la que se registró una fuerte pérdida cifrada en 19.117 trabajadores; así como en la actividad comercial (7.331 afiliados menos), en “Construcción” donde se perdieron 6.773 empleos.

En cuanto a la cifra de paro, el dato de marzo también advierte un incremento más intenso que en el conjunto del país, del orden del 9,53%, 19.797 desempleados más que en el mes de febrero.

La fuerte caída del empleo podría incluso haber sido más elevada, y en este sentido la figura del ERTE está desempeñando un papel clave en la gestión de la pandemia, al dotar de cierta flexibilidad al mercado laboral.

En este escenario, los datos más recientes de regulación temporal de empleo en Canarias, aún de carácter provisional, indican que hasta el pasado 10 de abril se habían presentado 26.267 solicitudes ante la autoridad laboral (2.024 de reducción y 25.529 de suspensión) que afectan a 195.183 trabajadores, un 25,5% del total de trabajadores afiliados en las Islas, lo que resulta muy indicativo del efecto que supone para el Archipiélago la paralización de la actividad económica.

La mayor parte de los expedientes, un 58,1% han sido solicitados por empresas de la “Hostelería” y del “Comercio”, las más vinculadas a la actividad turística y al consumo; mientras que también resulta de interés que aproximadamente un 75% de las empresas solicitantes (19.448 entidades) tienen entre 1 y 5 trabajadores, lo que ilustra la necesidad inaplazable de que las medidas de apoyo y ayuda a las pymes se hagan efectivas cuanto antes.

Con respecto a la recaudación tributaria, los datos más recientes, publicados por la Administración Tributaria Canaria, evidencian que la recaudación líquida acumulada por el Bloque de Financiación Canario (compuesto por el IGIC, el AIEM y el Impuesto sobre la Matriculación) en los tres primeros meses del año ha caído en 52,97 millones de euros en comparación con el mismo periodo de 2019 (-11%), pese al incremento de medio punto que se aplicó al tipo de gravamen general del IGIC (hasta el 7%) desde el pasado 1 de enero.

Dado que el plazo de las liquidaciones del primer trimestre del año se ha ampliado hasta el mes de junio, los datos de recaudación de los próximos meses continuarán arrojando cifras negativas, debido a que solo incluirán en concepto de IGIC, la parte correspondiente a las empresas o profesionales que están obligados a presentar autoliquidaciones mensuales; y porque las cifras ya comenzarán a mostrar el impacto real de la pérdida de actividad de estos meses.

La caída de la recaudación y la contención de los precios de consumo que acaba de publicar el INE en el que pone de manifiesto que la inflación en Canarias registró una variación nula durante el pasado mes de marzo, y acumula una caída del 0,6% en los tres primeros meses del año evidencian que el consumo en el Archipiélago ya venía dando muestras de debilidad que, con el impacto de la pandemia, no harán más que agravarse.

El impacto final que pueda suponer la interrupción de la actividad económica y social para contrarrestar los efectos de la emergencia sanitaria tendrá un notable impacto en la economía las Islas y de todo el territorio nacional, lo que otorga un rol esencial a las medidas que se apliquen por parte del Gobierno en materia fiscal, económica y laboral, que siempre deben ir encaminadas a disipar la incertidumbre y a asegurar la pervivencia de las empresas y el empleo.

La situación actual requiere una intervención precisa que permita una rápida recuperación cuando se supere la pandemia, por lo que resulta necesario implementar medidas y herramientas que permitan un desahogo financiero a las empresas y autónomos, respetando siempre los cauces del diálogo social.