Valoración de la Confederación Canaria de Empresarios y sus organizaciones en las medidas adoptadas por el Gobierno el fin de semana del 28 al 30 de marzo con motivo de la crisis del COVID-19
La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y las organizaciones
empresariales y de autónomos, ante la situación de Estado de Alerta que se
extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020 vamos a mantenernos unidas ante esta dura y
gravísima situación y acataremos las
últimas medidas sanitarias adoptadas, como hasta ahora.
Confiamos que sean eficaces para garantizar
la salud de todos los ciudadanos, como
algo absolutamente prioritario, y para
retomar cuanto antes la normalidad.
Asimismo, tras las diferentes normas publicadas este fin de semana
relacionadas con el parón de la actividad económica, así como del ámbito
laboral queremos manifestar lo siguiente:
I.- La Confederación Canaria de Empresarios y
las organizaciones empresariales seguirán redoblando sus esfuerzos, desde la
unidad de sus actuaciones.
La Confederación Canaria de Empresarios, como institución de relevancia constitucional, representativa de todos
los empresarios que componen el tejido productivo de las islas y la pluralidad
de actividades económicas, así como las
organizaciones empresariales y empresas integrantes ASINCA,
la Asociación de Autónomos de Canarias -ATA-, AECP, la Asociación de Clínicas y
Centros Hospitalarios, la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias
-ASUICAN-, FEHT, FET, FEMEPA, FEDEPORT, la Asociación de Centros Comerciales,
ASODISCAN, FEC-FEDECO (CECAPYME), ASPROCAN, ACAC, ACADE, la Asociación Canaria
de Empresas de Gestión Inmobiliaria -ACEGI-, ACEI, ADITRAGUA, AINCO,
AOTEC, la Asociación Canaria de Tabaqueros, FEFARCAN, CEL, CONFUER, Asociación
Canaria de Industriales Tabaqueros, la Confederación Empresarial de Lanzarote -CEL-,
la Confederación Insular de Empresarios de Fuerteventura -CONFUER-, FEDEX,
FREDICA, entre otras, que; todas ellas, a su vez, integran a 288 asociaciones que agrupan a más
de 24.000 empresas y autónomos, así como casi 200.000 trabajadores, vamos a mantenernos más unidas y activas, si cabe, dada la situación
extraordinaria de urgente necesidad, redoblando los esfuerzos para dar
servicios a las empresas:
- Nos comprometemos estos días complicados a dar el
mejor servicio posible a nuestras organizaciones y empresas, recabando
información y resolviendo dudas de la manera más ágil posible, al tiempo que mantendremos
las demandas en materia fiscal, laboral y sectorial, entre otras, que compensen
los perjuicios del COVID 19 en las empresas.
- Estaremos a disposición de todos los empresarios y
autónomos para conocer pareceres, inquietudes y propuestas de cara a superar
esta situación lo más rápidamente posible.
- Hemos tomado medidas redoblando esfuerzos para
continuar la actividad de defensa de los intereses empresariales, poniendo
todos los medios para facilitar el teletrabajo y otros mecanismos de adaptación,
con el fin de que se mantenga la prestación de los servicios a las empresas en
las mismas condiciones y garantías.
- Vamos a seguir garantizando la prestación de servicios
a las empresas y autónomos con normalidad, en cumplimiento de las decisiones
tomadas por el Gobierno y, concretamente, tras el último Real Decreto ley
publicado este domingo, 29 de marzo de 2020.
En definitiva, la Confederación
Canaria de Empresarios (CCE) y las
organizaciones empresariales seguirán volcándose con todos los sectores,
autónomos y territorios, sin excepción, para que las Administraciones estatales,
autonómicas y locales establezcan las necesarias medidas de carácter económico
y, sobre todo, actúen con diligencia y celeridad, ya que de ello depende el
bienestar de empresarios, trabajadores y, de la sociedad en su conjunto.
II.- La Confederación Canaria de Empresarios y
sus organizaciones alertan que el cierre de nuevas actividades que establece el
nuevo Real Decreto ley va a generar un enorme impacto sin precedentes en la
economía y el empleo de Canarias que nos puede llevar, incluso, a una crisis
económica más profunda con las correspondientes repercusiones sociales.
Las medidas establecidas entendemos que van a generar un enorme impacto sin precedentes en la economía de Canarias, especialmente en los autónomos y las pequeñas empresas y en los sectores como el industrial, la construcción, la agricultura y los servicios.
La publicación de la norma se produce a última hora del domingo,
impidiendo a las empresas poder organizar su cierre con tiempo suficiente y,
permitiendo excepcionalmente prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con
el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles.
También se mantuvo la incertidumbre y el desconcierto total en la
actividad empresarial, hasta el último momento, de cuáles serían las
actividades no esenciales.
En este sentido, estas medidas pueden ocasionar el cierre definitivo de
muchas empresas y autónomos, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos
para que se adopten, con carácter de urgencia, medidas
de carácter económico que palien esta
dramática situación y que no provoquen una destrucción masiva de tejido
empresarial y del empleo de manera definitiva.
Muchas de las medidas planteadas son desacertadas y contraproducentes,
por lo que instamos que se adopten medidas fiscales, económicas y laborales
imprescindibles para garantizar la viabilidad y supervivencia de las empresas
y, por ende, del empleo de los trabajadores.
III.- Sobre las medidas laborales y los
servicios esenciales
Entrando en cuestiones concretas;
1) desde
un punto de vista constitucional nos surgen dudas sobre si:
(i) un Real Decreto ley puede regular materias reservadas a Ley orgánica -puede
afectar a la propiedad privada y a libertad de empresa-
(ii) teniendo el Estado competencias para regular en el ámbito laboral,
creemos que va más allá de lo constitucionalmente permitido, supliendo
voluntades, eliminando facultades empresariales, estableciendo un permiso
retribuido gubernamental que pagan las empresas y no el Gobierno; aspectos
todos ellos propios de un modelo de economía estatalista y dirigida.
2) ha
eludido, una vez más, al acuerdo con las organizaciones empresariales, incluso
obvia la necesaria consulta en una materia de la magnitud de lo aprobado,
obviando el papel que nuestro ordenamiento jurídico reserva a las
organizaciones empresariales como instituciones de relevancia constitucional.
Estas
medidas generarán una señal de alarma que afectará a las decisiones de futuras
inversiones empresariales, tanto por el fondo de las medidas adoptadas, como
por la inseguridad jurídica, el intervencionismo, y la desprotección y ataque a
la iniciativa empresarial que se desprende de las mismas.
- La imposibilidad de tomar
decisiones extintivas durante el periodo de restricciones, yendo en contra del
principio de libertad de empresa y poniendo en duda la honorabilidad empresarial,
bajo la sospecha de que se cometa fraude.
- la revisión de oficio de los ERTES
y sanciones ante la consideración por parte de la Administración de que las
medidas solicitadas por la empresa en relación al empleo no resultaran
necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina. Se
trata de una nueva medida inaudita que nos aboca a una enorme inseguridad
jurídica y donde la Administración se arroga unas competencias que no le
corresponden, puesto que se trata de cuestiones que, en todo caso, deberían
determinar los Tribunales.
- La suspensión de los contratos
temporales que supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de
estos contratos como de los períodos de referencia equivalentes al período suspendido,
implicará que sectores como el turístico que ha tenido que cerrar en temporada
alta y que tenían contratos en vigor que vencían después de la Semana Santa, en
la reapertura sin apenas actividad, tendrán que mantener las plantillas previas
a la crisis sanitaria.
- En relación a los permisos
retribuidos entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive,
todas las personas trabajadoras por cuenta ajena -excluyen a los autónomos-,
durante este período de tiempo, quedarán exoneradas de prestar sus servicios,
si bien los empresarios continuarán pagando los salarios y las cotizaciones a
la seguridad social por la totalidad de la jornada habitual, por todos los
conceptos retributivos y, al margen de que se recuperen las horas de trabajo a
lo largo del año, el primer impacto que se produce es de Tesorería para las
empresas, al tener que pagar unas cuantías por un trabajo no recibido sin ingresos
de actividad, por lo que debería pagarlo las administración pública y no las
empresas.
- Echamos en falta mecanismos de desahogo financiero para los autónomos
En este
sentido, lo que precisan las empresas es disponer de mayores instrumentos de
flexibilidad para gestionar sus relaciones laborales y poder utilizarlos,
evitando o limitando, de ese modo, extinciones de contratos.
IV.- Planteamientos finales
Las empresas canarias acatamos las
últimas medidas sanitarias adoptadas, como hasta ahora, al entender que la
prioridad es la salud de las personas.
Se sigue
con el enfoque idílico y poco realista por parte del Gobierno de que al día
siguiente del levantamiento de las restricciones el impacto de lo ocurrido no
generará consecuencias, mostrando una evidente negación de la realidad de una
economía globalizada.
Las normas
publicadas este fin de semana transpiran una desconfianza injustificada en la
capacidad y responsabilidad en la gestión empresarial.
Las
medidas están estableciendo una limitación sin precedentes de las facultades
empresariales que son esenciales desde el punto de vista organizativo, poniendo
en grave riesgo las posibilidades empresariales de sobreponerse a las
dificultades sobrevenidas por causas dramáticas y ajenas a su voluntad.
En
relación al último Real Decreto ley publicado en la noche del domingo, 29 de
marzo de 2020 tiene el objetivo de reducir la movilidad para garantizar la
salud, un planteamiento loable, si no fuera porque el medio para conseguirlo ha
sido instituyéndose como empresario privado para actuar sobre las empresas como
si fueran propias.
La única salida posible es la confianza mutua -algo que no se desprende de los últimos dos Reales Decreto leyes- y la puesta a disposición de las empresas y autónomos de mecanismos de desahogo financiero, económicos y laborales que aporten oxígeno para reducir los efectos perjudiciales que se derivan de esta catastrófica situación para empresas y trabajadores. En este sentido, echamos en falta la exoneración de las cuotas de autónomos a la Seguridad Social y otros incentivos para su mantenimiento como fórmula para salvar su existencia.
Las
sociedades más modernas y avanzadas tienen como característica destacada la
institucionalización del diálogo social entre las distintas entidades
territoriales y los agentes económicos y sociales representados por las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
En
definitiva, es importante que las asociaciones empresariales se proyecten para
intervenir en las relaciones laborales, contribuyendo, como dice el art. 7 de
la Constitución, en paralelo con los sindicatos, a la defensa y promoción
de los intereses económicos y sociales que les son propios, siendo su
acción principal el diálogo social con las
administraciones públicas, como instrumento básico para la recuperación y la
coordinación que continúa siendo efectiva en el ámbito autonómico canario,
-pero no en el nacional-, agradeciendo el esfuerzo del Presidente de Canarias
en la unidad de acción con las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas.
José Cristóbal García García
Secretario General
En Las
Palmas de Gran Canaria, 30 de marzo de 2020
En el siguiente enlace puede descargar las valoraciones en [PDF]
Conclusiones del Informe de Coyuntura Socioeconómica, Febrero de 2020
Como viene siendo habitual, en nuestro informe analizamos la evolución más reciente de los indicadores económicos de nuestra región según la última información disponible que proporcionan las fuentes de datos oficiales. Lamentablemente, los datos de los que disponemos aún no nos permiten valorar el enorme impacto que está teniendo la pandemia sobre nuestra economía, pero la publicación de este informe nos ayuda a identificar la posición de la que partía Canarias antes de afrontar esta nueva situación.
Tal y como recogemos en las conclusiones de nuestro informe, la economía canaria ya venía mostrando claros síntomas de desaceleración antes de la pandemia, que la llevaban a registrar tasas de crecimiento que, aunque positivas, iban a ser cada vez más moderadas e inferiores a la media nacional. El impacto de la crisis del COVID-19 no hará más que ahondar en un mayor estancamiento de la economía por restricciones de la oferta y la demanda, y sus efectos se verán reflejados en los indicadores que se hagan públicos a partir del próximo mes.
A continuación puedes acceder al Informe de Coyuntura Socioeconómica del mes de febrero que elabora la Confederación Canaria de Empresarios.
* Puede acceder al texto íntegro del Informe a través del siguiente enlace Informe Febrero 2020
Las ligeras señales de estabilización del
crecimiento que comenzaba a mostrar la economía internacional al inicio
de 2020, tras más de un año inmersa en un proceso de desaceleración, se han
diluido con el impacto económico que está teniendo la crisis sanitaria que ha
generado el brote del coronavirus en, prácticamente, todo el planeta.
Las medidas de contención adoptadas por diferentes
países en las últimas semanas han tenido un claro impacto en el ámbito social y
personal, pero también han repercutido de manera brusca en el ámbito económico.
Los principales índices bursátiles en los mercados
financieros internacionales ya habían comenzado a mostrar una tendencia
negativa a mediados del mes de febrero, anticipando un empeoramiento que
terminó trasladándose a la economía real en las primeras semanas del mes de
marzo.
En esta tesitura, la Reserva Federal (FED) ha
reducido hasta en dos ocasiones los tipos de interés de referencia, situándolos
en la horquilla del 0,00-0,25%, por primera vez desde la crisis en 2008; además
de anunciar la compra de activos por valor de 700.000 millones de dólares; y de
coordinarse, finalmente, con los principales bancos centrales del mundo parar abordar
una estrategia de acción que permita facilitar la inyección de liquidez en el
sistema, con la intención de garantizar la liquidez del mercado y la
estabilidad de la actividad económica.
Por su parte, el Banco Central Europeo, tras las
medidas adoptadas ya el pasado 10 de marzo, que, entre otras, contemplaban la
compra de activos por valor de 120.000 millones de euros adicionales, en la
noche del pasado día 18 de marzo, y tras una reunión de urgencia, anunció la
puesta a disposición de los mercados financieros europeos de un programa de
compra de activos de 750.000 millones de euros, tanto públicos como
corporativos, y de las entidades financieras, hasta finales de este año, aunque
se apresuró a indicar que podrá ser prorrogado más allá de esta fecha si la
situación así lo requiriera.
El BCE daba un primer paso para evitar que los
efectos negativos de la pandemia tuvieran impacto sobre la deuda soberana de
los países especialmente más vulnerables, y garantizar que todos los sectores
de la economía puedan beneficiarse de unas condiciones financieras favorables.
Resulta clave que la compra de activos dentro de
este nuevo programa tenga un carácter flexible, tanto en la clase de activos
que se pueden adquirir, como la cantidad de estos entre las diferentes jurisdicciones.
Asimismo, el BCE comunicó la ampliación del programa
actual de compras de deuda corporativa a pagarés de entidades no financieras, y
la flexibilización del tipo colateral con el que las entidades financieras
pueden acudir a las subastas de liquidez, para favorecer que esta tenga un
mayor traslado sobre la economía real.
Los mercados de materias primas también han acusado un fuerte impacto, habida cuenta de la paralización de la actividad industrial, especialmente en China, que ha provocado una caída rápida de la demanda y ello ha repercutido sobre los precios, especialmente en el caso del petróleo.
No en vano, en las últimas semanas se han registrado
caídas históricas en el precio del Brent, que tras cerrar el mes de febrero en
el entorno de los 55 dólares, ha llegado a alcanzar incluso los 23 dólares por
barril durante los últimos días.
En Estados Unidos, los principales
indicadores de actividad y confianza ya comienzan a dar muestra del impacto del
coronavirus. A corto y medio plazo, la evolución de la actividad económica
dependerá de cómo se gestione la alerta sanitaria, aún por determinar, en un
contexto afectado también por la incertidumbre en torno a la prohibición de los
vuelos desde varios lugares del mundo, incluyendo la Unión Europea, hacia el
país norteamericano, y las próximas elecciones presidenciales previstas para
finales del presente año.
En lo que respecta a las economías emergentes,
la salida de capitales en busca de refugio en valores con mayor seguridad ha
afectado de forma determinante, lo que unido al comportamiento de los precios
de materias primas y del crudo, condiciona en gran medida el crecimiento de
estos países.
En el caso de China, origen del brote vírico,
la paralización parcial de la economía -con la consiguiente caída de las
exportaciones-, y la caída de las ventas minoristas tendrán reflejo en un
aumento del ritmo de desaceleración que se preveía más gradual, aunque comienza
ya a vislumbrarse la salida de la crisis sanitaria.
En la Zona del Euro, la actividad económica
también se verá afectada por la expansión del coronavirus, y aunque
inicialmente preocupaba el impacto sobre las economías de Italia y España, los
datos de contagio y medidas de alarma que ya han comenzado a adoptar otras
economías como Francia o Alemania, presagian un escenario negativo para los
próximos meses en el conjunto de países que conforman la Unión monetaria.
La crisis sanitaria está obligando a los países
europeos a reformular nuevas estrategias de gasto con las que combatir sus
efectos sobre la producción y el empleo, y todo ello se ha sucedido en un
momento en el que la Unión Europea ya estaba negociando el nuevo marco
presupuestario de la Unión Europea para el periodo 2021-2027.
La Comisión Europea ha comunicado que flexibilizará
las reglas de estabilidad presupuestaria, al tiempo que han propuesto destinar
37.000 millones de euros procedentes de los Fondos Estructurales y de Cohesión
a paliar los efectos de la crisis sanitaria.
En lo que se refiere a España, el avance del
COVID-19 llevó al Ejecutivo a decretar oficialmente el estado de alarma el día
14 de marzo, y con ello se han establecido limitaciones a la movilidad,
restricciones a la actividad productiva y controles fronterizos, que se
traducen en la paralización de gran parte de la actividad económica.
Las características de esta crisis tienen un impacto demoledor sobre sectores especialmente expuestos como son el turismo, el transporte y el comercio, aunque sus efectos se extienden a todo el entramado productivo del país.
En este escenario, el Gobierno del Estado ha
anunciado un paquete de medidas sociales, laborales, económicas y de
investigación científica, por un montante de unos 200.000 millones de euros.
La economía canaria ya venía mostrando claros síntomas de desaceleración antes de la pandemia, que la llevaban a registrar tasas de crecimiento que, aunque positivas, iban a ser cada vez más moderadas e inferiores a la media nacional.
El impacto de la crisis del COVID-19 no hará más que
ahondar en un mayor estancamiento de la economía por restricciones de la oferta
y la demanda, por lo que conviene, además de tomar medidas específicas para
mitigar el impacto, diseñar un Plan de actuación a medio y largo plazo que
incorpore un impulso de la inversión productiva en la medida que están haciendo
otros países de nuestro entorno como Alemania, Italia y Francia.
Un primer paso debe ser la adopción de medidas que
permitan la supervivencia del tejido productivo con el objeto de mitigar en lo
posible su impacto y garantizar la recuperación de la producción y del empleo
una vez finalice la situación actual.
El Real Decreto-ley 8/2020, que aprobó el Gobierno
el 17 de marzo, contempla una serie de medidas urgentes y de carácter
extraordinario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
entre ellas el establecimiento de una líneas de avales y financiación dirigidas
a mantener la liquidez de nuestras empresas, y otras orientadas a flexibilizar
la tramitación de Expedientes de Regulación Temporales de Empleo.
Este tipo de medidas resultan clave para la economía canaria, donde debemos recordar que la actividad turística representa el 23,2% del PIB regional y el 29,1% del empleo, solo en actividades directas como son hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos, transporte de pasajeros, y ocio complementario.
Si incorporamos los efectos indirectos de otras actividades que también están vinculadas al turismo, los porcentajes anteriores se elevan hasta el 35% del PIB y el 40,4% del empleo total generado en Canarias.
Si retomamos la situación que afrontaba el Archipiélago hasta el mes de febrero, se puede apreciar que el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ya venía dando muestras de desaceleración.
En los dos primeros meses del año, el número
afiliados en las Islas acumulaba una caída de 5.653 efectivos, tras registrar
un importante descenso en el mes de enero que supuso la caída de 15.390
empleos.
En estos dos primeros meses, el empleo se había
resentido especialmente en actividades clave para la economía regional como el
comercio (-4.310 trabajadores) o la hostelería (-963 afiliados).
En cambio, y mientras la actividad privada perdía
empleo, otras ramas relacionadas con la Administración Pública aumentaban la
afiliación, como era el caso de “Educación” o “Administración Pública y
defensa; Seguridad Social obligatoria”, que, en conjunto, lograban sumar 2.177
empleos durante los dos primeros meses del año.
Otros indicadores también acusaban la desaceleración
y arrojaban datos de variación negativa como era el caso de la llegada de
turistas extranjeros a las Islas, que experimentó un descenso del 1,5% en el
mes de febrero, o la matriculación de vehículos que acusó una caída del 4,9 por
ciento.
Por otro lado, la evolución de los precios en las
Islas durante febrero ya advertía de un estancamiento del consumo, al registrar
un tímido aumento del 0,1% en términos mensuales.
Cabe reseñar, en este sentido, que los precios del
“Transporte” cerraron ese mes de febrero con un incremento del 0,3%, a
diferencia de lo sucedido en el ámbito del Estado, donde este grupo anotó una
caída mensual del 0,7%, en un contexto en el que el precio de los carburantes
descendió con una mayor intensidad en el conjunto del país (-2,0%) que en las
Islas (-0,6%).
Las limitaciones a la actividad que impone el estado
de alarma profundizará en una mayor contracción de la demanda, y sus efectos se
verán reflejados en los indicadores que se hagan públicos a partir del próximo
mes.
La situación actual precisa de la aplicación de
medidas efectivas que garanticen, en primer lugar, la fortaleza del sistema
sanitario, pero también deben facilitar el acceso a la liquidez de las empresas
y asegurar la supervivencia de nuestro tejido productivo para recuperar el
empleo y la senda de crecimiento.
Si bien es cierto que esta crisis sanitaria repercutirá de manera irremediable sobre nuestra economía, y su intensidad dependerá del tiempo en que se prolongue, la capacidad de recuperación de nuestro sistema productivo dependerá de la eficacia y rapidez con la que se adopten medidas de contención del impacto y reactivación económicas.
La debilidad del consumo mantiene los precios moderados
- Los precios aumentaron apenas un 0,1% durante el pasado mes de febrero.
- En el conjunto del territorio nacional, el IPC descendió un 0,1 por ciento.
- La inflación subyacente creció un ligero 0,3% mensual.
La economía canaria viene dando
muestras claras de desaceleración que la están llevando a registrar tasas de
crecimiento que, aunque positivas, son cada vez más moderadas e inferiores a la
media nacional.
Esta desaceleración alcanza también
al consumo que se muestra débil, y una prueba de ello es el tímido avance que
han mostrado los precios en Canarias durante el pasado mes de febrero.
Según los datos publicados en la
mañana de hoy por el Instituto Nacional de Estadística, los precios en Canarias
aumentaron apenas un 0,1% durante el segundo mes del año, y en el conjunto del
Estado, los precios incluso descendieron a razón de un 0,1% durante ese mismo
mes.
Tradicionalmente durante los meses
de febrero, los precios aún estarían recogiendo el efecto a la baja derivado de
la temporada de rebajas que, en esta ocasión, explica que el grupo “Vestido y
Calzado” haya destacado con una caída relativa del 1,9%, o que el grupo
relacionado con el mobiliario y otros artículos de hogar hayan mantenido los precios
del mes anterior y hayan registrado una variación nula.
También descendieron los precios en
los bienes y servicios relacionados con la vivienda, agua, electricidad donde
se observó una disminución del 0,8%, seguido del grupo “sanidad”, donde los precios
descendieron un 0,1 por ciento.
El resto de los grupos que conforman
el Índice han experimentado variaciones positivas pero muy débiles, inferiores
al 0,5%, salvo el caso de bebidas alcohólicas y tabaco que continua
destacando al alza con un repunte del 1,3% como consecuencia del encarecimiento
que continúa protagonizando el tabaco en
las Islas.
Cabe destacar, no obstante, que los precios del grupo Transporte cerraron el pasado mes de febrero con un incremento al alza del 0,3%, a diferencia de lo sucedido en el contexto nacional, donde este grupo anotó una caída mensual del 0,7%, en un contexto en el que el precio de los carburantes descendió con una mayor intensidad en el conjunto del país (-2,0%) que en las Islas (-0,6%).
En los últimos doce meses, el IPC anotó
un incremento del 1,1% en las Islas, cuatro décimas más que a escala
nacional.
En este escenario, destacó el
encarecimiento que experimentó, sobre todo, el grupo de “Transporte”, cifrado
en un 3,9% -dado el ascenso del 4,9% interanual del grupo especial de “Carburantes
y combustibles”-; tras el que situó el crecimiento del 2,1% del grupo “Alimentos
y bebidas no alcohólicas”, así como los aumentos apreciados en “Restaurantes y
hoteles” (+1,6%) o en “Bebidas alcohólicas y tabaco” (+1,5%).
Por el contrario, los precios del
grupo “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” evidenciaron una
caída interanual del 2,6%, debido al descenso del 11,4% del subgrupo
“Electricidad, gas y otros combustibles”.
Por su parte, la inflación subyacente, que
descuenta el efecto sobre los precios de los componentes más volátiles, a
saber, los productos energéticos o los alimentos no elaborados, contabilizó en
el Archipiélago en febrero un alza del 0,3% mensual, mientras que en términos
interanuales se constató un incremento del 1,1 por ciento.
Los resultados que muestra el IPC ponen de
relieve la contención de los precios que se viene registrando en las Islas,
fruto de la evolución de un consumo que se mantiene estancado, en un contexto
condicionado por el proceso de desaceleración del crecimiento económico a nivel
global.
A corto y medio plazo, se prevé que la demanda siga atenuada e incluso que muestre peores resultados, como consecuencia del impacto sobre la demanda de la crisis sanitaria derivada del coronavirus, cuyos efectos aún no se han visto recogidos en las cifras del IPC, al corresponder al mes de febrero.
Análisis de los grupos del IPC
En términos mensuales, se
evidenciaron aumentos en los precios de los grupos “Bebidas alcohólicas y
tabaco” (+1,3%), “Otros bienes y servicios” (+0,7), “Ocio y cultura” (+0,5%), “Transporte”
(+0,3%), “Restaurantes y hoteles” (+0,3%) y “Alimentos y bebidas no alcohólicas”
(+0,2%). Los grupos “Muebles, artículos del hogar y artículos para el
mantenimiento corriente del hogar”, “Comunicaciones” y “Enseñanza” observaron
una variación mensual nula.
Sin embargo, el índice general de
precios apreció caídas mensuales en “Vestido y calzado” (-1,9%), “Vivienda,
agua, electricidad, gas y otros combustibles” (-0,8%) y “Sanidad” (-0,1%).
En comparación con el dato de hace
doce meses, se apuntaron crecimientos de precios en “Transporte” (+3,9%), “Alimentos
y bebidas no alcohólicas” (+2,1%), “Restaurantes y hoteles” (+1,6%), “Bebidas
alcohólicas y tabaco” (+1,5%), “Otros bienes y servicios” (+1,4%), “Vestido y
calzado” (+1,0%), “Muebles, artículos del hogar y artículos para el
mantenimiento corriente del hogar” (+0,2%) y “Enseñanza” (+0,1%).
No obstante, se constataron descensos en los grupos “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-2,6%), “Ocio y cultura” (-0,7%), “Comunicaciones” (-0,7%) y “Sanidad” (-0,2%).
CCE y Cajamar renuevan su colaboración con la firma de un nuevo convenio
Agustín Manrique de Lara, Presidente de la Confederación Canaria
de Empresarios; y Sergio Durán director territorial de Cajamar en Canarias,
suscribieron en la mañana de hoy, un convenio de colaboración mediante el que
se pretende reforzar los lazos que unen a ambas entidades en el ámbito
institucional. En el acto de la firma también estuvo presente José Cristóbal
García, Secretario General de la Confederación.
El presidente Manrique de Lara ha querido valorar “muy
positivamente la implicación que siempre ha mostrado Cajamar por el movimiento
empresarial, del que lleva participando activamente desde hace más de 20 años”.
Cajamar es una entidad de crédito estrechamente comprometida con
su entorno económico, financiero, social y cultural, y ofrece de manera
permanente un extenso catálogo de productos y servicios ajustados a los
requerimientos y necesidades de crecimiento, estabilidad y competitividad del
sector empresarial nacional, autonómico y local.
El director
territorial de Cajamar en Canarias, Sergio Durán, ha destacado que con la
renovación de este acuerdo “pretendemos dar apoyo a las distintas actividades
que desarrolla la Confederación Canaria de Empresarios y seguir trabajando
unidos, compartiendo objetivos y aunando esfuerzos, con el fin de promover la
actividad de sus más de 19.000 empresas asociadas”. En este sentido, ha
señalado que Cajamar pone a su disposición productos y servicios que favorezcan
el impulso de sus negocios, tanto en el ámbito nacional como internacional,
ofreciéndoles líneas especiales de financiación y condiciones competitivas.
El sector público impulsa el empleo en Canarias en el mes de febrero
- Más del 94% del empleo creado en Canarias el pasado mes de febrero se adscriben a actividades vinculadas con el sector público.
- En cambio, la desaceleración está afectando con mayor intensidad a las actividades productivas del sector privado, que continúan dando muestras de debilidad en la creación de empleo, y algunas actividades clave para nuestra economía, como el comercio, incluso destruyen empleo.
Los últimos datos publicados por la
Seguridad Social muestran un incremento de la afiliación media en Canarias
del 0,29% mensual, esto es, 2.341 nuevas altas durante el mes de febrero.
En el conjunto del país, la afiliación también ha experimentado un avance, aunque más intenso al sumar 85.735 trabajadores más que durante el mes de enero anterior, lo que equivale a un incremento del 0,45 por ciento.
Analizando en detalle las características del nuevo empleo creado en
Canarias durante el pasado mes de febrero, observamos que nuevamente son las
actividades vinculadas al sector público las que más han creado empleo.
El número de afiliados en la rama de “Administración Pública, Defensa y
Seguridad Social” se ha incrementado en 1.137 afiliados más, al tiempo que el
número de trabajadores en el ámbito de la “Educación” se ha acrecentado en
1.072 nuevos afiliados.
En conjunto, estas dos ramas han contabilizado 2.209 nuevas altas durante
el pasado mes de febrero, y ello supone el 94,4% del empleo creado en Canarias
el pasado mes.
Dentro de los servicios, también se ha creado empleo, aunque de manera más
moderada en actividades como la “Hostelería”, donde se contabilizan 301
afiliados más, y actividades administrativas y servicios auxiliares, donde se
han apreciado 360 nuevos inscritos.
En cambio, actividades clave para Canarias como el “Comercio” han reducido
el empleo, anotando 1.086 afiliados menos.
El resto de los sectores productivos han cerrado el mes de febrero con
avances en la afiliación media, especialmente en el caso de la construcción
donde se han contabilizado 679 nuevos afiliados, seguida de la agricultura, que
contabiliza 166 nuevos afiliados y el sector industrial que ha incrementado el
número de afiliados en 42 ocupados.
Si analizamos los datos de afiliación publicados en la mañana de hoy, con los contabilizados hace un año, el número de afiliados en Canarias habría experimentado un avance interanual del 1,77% que, en términos absolutos, equivale a 14.247 altas adicionales a las registradas en febrero de 2019.
Por lo que se refiere al dato de paro registrado
en Canarias, publicado también en el día de hoy, en Canarias habría inscritos
207.837 demandantes de empleo al cierre del mes de febrero, lo que supone
reducir el dato de desempleo del mes anterior en un 1,58%, lo que se traduce en
3.327 parados menos.
En el ámbito nacional, el paro también se habría reducido en el último mes,
si bien con menor intensidad, a razón de un 0,34% mensual (7.806 demandantes
menos), situando la cifra de parados en el total del país en 3.246.047
personas.
Con respecto al dato de hace un año, las Islas evidenciaron un descenso del desempleo del 0,78%, lo que se traduce en 1.629 personas menos en situación de desempleo en comparación con el dato del mismo mes del anterior.
Sectores
Analizando por sectores, en términos mensuales, se aprecia un descenso generalizado del
paro en Canarias, siendo el más significativo el registrado en el conjunto de
los servicios, con una caída de 2.225 parados (-1,39%) en relación con el mes
anterior.
A este le siguieron el anotado por el colectivo “Sin Empleo Anterior”, con un descenso de 461 inscritos menos como demandantes de empleo (-2,84%), y por la construcción” con un retroceso de 364 efectivos (-1,70%); al tiempo que el sector agrícola redujo su desempleo en 189 desempleados (-4,01%) y la industria en 88 demandantes (-1,05%) en comparación con febrero de 2019.
En términos interanuales, el paro registrado retrocedió de forma destacada en el colectivo “Sin Empleo Anterior”, anotando 1.585 desempleados menos que en febrero del ejercicio precedente (-9,14%) y, en menor medida, en los servicios, con 421 parados menos (-0,27%); mientras que, por el contrario, el resto de actividades productivas elevaron su dato de paro con respecto a febrero del año anterior, con 242 personas más en la industria (+3,01%), 103 desempleados más en la actividad agrícola (+2,33%) y 32 parados más en la construcción (+0,15%).
En cuanto a la afiliación media a la
Seguridad Social, diferenciando por sectores se observa que el crecimiento del
empleo durante el último mes se fundamentó, principalmente, en el conjunto de
los servicios, donde se sumaron 1.455 altas adicionales, destacando, como ya se
indicó, los incrementos anotados por las ramas de la “Administración Pública,
defensa y la SS” (+1.137 afiliados más) y la “Educación” (+1.072 efectivos
adicionales), y en contraste con el retroceso observado por el “comercio”, que
redujo su dato medio de afiliación en 1.086 efectivos.
En comparación al dato de hace un año, el
incremento de la afiliación media en las Islas también se fundamentó en la
progresión de los servicios, apreciándose un crecimiento de 14.105 afiliados,
especialmente en las “actividades sanitarias”, donde se observan 4.337 altas
adicionales, la “Educación”, con 2.849 afiliaciones adicionales, y en la
“Hostelería”, con 2.698 afiliados más que en febrero de 2019.
En el mismo sentido, también evidenciaron
ascensos interanuales de la afiliación media, aunque de menor intensidad, el
sector de la construcción, con 373 inscripciones adicionales, y la industria,
con 81 efectivos más que en febrero de 2019; mientras que, por el contrario, la
agricultura anotó un descenso de 312 afiliados menos en el último año.