Coyuntura Socioeconmica 2016

Comunicado de nuestra Junta Directiva sobre el Proyecto de Ley que modifica los sistemas eléctricos insulares

La Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios, reunida en sesión ordinaria durante la tarde de ayer, 26 de marzo de 2013, acordó por unanimidad trasladar a los medios de comunicación y a la opinión pública su posicionamiento ante las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno central en relación con los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, contenidas en un Proyecto de Ley remitido a las Cortes Generales el pasado 15 de marzo.

1. Partiendo de la base de nuestro más firme apoyo a todas aquellas medidas que fomenten la competencia, la mejora técnica y la eficiencia económica en el abastecimiento de energía eléctrica en Canarias, consideramos que no pueden acometerse cambios estructurales de este calado sin la necesaria reflexión, participación y debate de los agentes políticos, económicos y sociales del Archipiélago.

2. El sistema eléctrico canario resulta esencial para la cohesión social y territorial del Archipiélago y se caracteriza por la existencia de varios sistemas fragmentados y aislados de las grandes redes energéticas, lo que obliga a un tratamiento singular y diferenciado que conlleva costosas inversiones en todas las islas. Este escenario hace per se poco atractivo el acceso a nuevos competidores en el sector, liberalizado desde 1997.

3. Entrando en el detalle de las medidas propuestas para mejorar el grado de competencia en el sector, se nos plantean serias dudas sobre su eficacia.

Nos preocupan en este sentido las medidas que ha sido previstas para favorecer la entrada de nuevos operadores e impedir al mismo tiempo el acceso del actual suministrador a la actividad de producción en futuras instalaciones, dado que supondrían la paralización de proyectos de infraestructura que ya están en marcha; no siendo menos preocupante la transmisión forzosa de las instalaciones de bombeo al Regulador del Sistema, lo que generaría una situación de monopolio para este tipo de instalaciones en Canarias en beneficio de un agente que, según el ordenamiento jurídico español y comunitario, no podría ejercer dicha actividad, al establecerse que el mismo operador no puede asumir la regulación, el transporte y la generación de energía.

4. Los intentos de incrementar la competencia en los mercados a partir de procedimientos de expropiación forzosa, o la suspensión de derechos otorgados mediante concurso público introduce dosis inasumibles de inseguridad jurídica que no garantizan una mejora de los niveles de competencia. Como hemos advertido, esto pone en riesgo la viabilidad de costosas inversiones y supone un claro desincentivo a la inversión en infraestructuras de generación eléctrica en las Islas.

5. Se compromete asimismo la seguridad en el suministro energético con medidas como la limitación a la inversión de agentes con más de un 40% de potencia en un sistema, y con la paralización indefinida de proyectos vanguardistas y ecosostenibles internacionalmente reconocidos como los de Gorona del Viento, en El Hierro; y Chira-Soria, en Gran Canaria.

La Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios ve con suma preocupación el futuro del sistema energético canario y el estado generalizado de inseguridad jurídica que se derivaría de la aprobación del Proyecto de Ley en tramitación, que supone la paralización de inversiones ya iniciadas por un coste que superan los 300 millones de euros, al modificarse sin previo aviso las condiciones iniciales que condujeron a importantes decisiones de inversión, o, peor aún, ejecutándose expropiaciones forzosas sobre derechos que fueron en su momento consolidados mediante concurso público.

Este tipo de actuaciones dejan al sector eléctrico canario en una situación muy comprometida, y por ende, ponen en peligro la garantía de suministro eléctrico en un territorio especialmente frágil como el canario.

Confiamos que en trámite parlamentario puedan resolverse las cuestiones y conjugar así el interés de todos los agentes intervinientes y, especialmente, el de las empresas y consumidores canarios, a fin de garantizar el suministro de energía en igualdad de condiciones que en el resto del país.

 

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